Santiago Pinedo, jefe de la Oficina Regional de O’Higgins, hace un repaso sobre los principales desafíos que enfrenta la fiscalización ambiental en la zona central, cuya diversidad de proyectos hace compleja la fiscalización. A la vez, plantea algunas estrategias para enfrentar los nuevos Planes de Descontaminación que se han implementado.

No es fácil hacer un repaso sobre los distintos desafíos que asumimos cuando se creó la oficina regional de O’Higgins, pues esta es una región muy diversa en tipologías ambientales, con una gama de conflictos muy divergentes en zonas costeras, valles y cordón cordillerano.

La inauguración de la oficina regional el año 2016 nos permitió posicionar la SMA en la región y consolidar un gran equipo de trabajo regional. Todo esto, de la mano de contar con una mejor y más expedita comunicación con los titulares de los proyectos fiscalizados para incentivar el cumplimiento de la normativa ambiental. Una de las primeras medidas que adoptamos, fue realizar un taller con titulares del sector agropecuario y otro acerca del Plan de Descontaminación Atmosférica del Valle Central (PDA), junto a diferentes actores y servicios que están afectos a la nueva regulación.

Pero no sólo nos interesó llegar a las empresas reguladas. Aumentamos la comunicación con alcaldes, quienes han requerido mayor información sobre las facultades, atribuciones y competencias de la SMA, debido a casos de denuncias en sus comunas, relativos a ruidos (la mayor causa de denuncias en nuestra región) y por descargas de riles de empresas agropecuarias o frutícolas (asociados a contaminación de cauces).

Para el año 2018, nos hemos planteado la meta de realizar un taller relativo al D.S. 38/2011 que establece la norma de emisión de ruidos generados por fuentes fijas, el cual estará dedicado a los profesionales de las municipalidades de la región. Quisiéramos avanzar hacia la materialización de convenios, como ya existen en comunas de otras regiones del país, para que las mismas municipalidades puedan adquirir sonómetros, capacitar a sus funcionarios y atender este tipo de denuncias. Sabemos que este problema aqueja mucho a los ciudadanos expuestos a los ruidos reiterados, pero también somos conscientes que los ruidos muchas veces van aparejados a otros problemas, como lo son seguridad o el no pago de las correspondientes patentes municipales. Un trabajo coordinado permitiría mejorar este problema, ya que más del 70% de las denuncias que recibimos son por ruidos generados por pubs, discoteques, centros de eventos (sobre todo durante el periodo estival) y talleres mecánicos, entre otros.

Coordinación de la RENFA

Un segundo desafío que asumimos al crear la oficina, fue el hecho de posicionar la oficina regional de O’Higgins de la SMA, consolidar el equipo profesional de trabajo y estrechar los lazos con los servicios públicos que forman parte de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, RENFA.

Este ha sido un trabajo que hemos realizado a nivel regional y también, por cierto, con un gran apoyo del nivel central, porque cada vez hemos visto que es imposible fiscalizar solos toda la gran variedad de Unidades Fiscalizables que existen. De esta manera, en la región, hemos participado en talleres junto al SEA y la SISS, respecto de las competencias de cada servicio y las funciones y objetivos de la SMA y su implicancia en la fiscalización del D.S.90/2000, lo cual ha sido altamente provechoso.

Algunos logros

En cuanto a los avances que podemos mencionar como oficina, se cuenta el aumento de las formulaciones de cargos en caso de incumplimientos por infracciones a la normativa ambiental. Para los titulares, esto comenzó a notarse un poco debido a nuestra presencia más inmediata a través de la fiscalización y aparejada a una respuesta sancionatoria más ágil.

Un ejemplo claro en esta materia fueron las formulaciones de cargos a planteles de cerdos, por el deficiente manejo de sus residuos, los que provocaban, en algunos casos, malos olores, tema denunciado por la comunidad, especialmente en época estival. En este sentido, se retomó a nivel regional una mesa de sustentabilidad y ha habido cooperación de las autoridades de gobierno regional, los ciudadanos y el gremio agroindustrial, los cuales han ido mejorando sus niveles de producción tecnológica, mediante importantes inversiones en tecnología y, considerando el cumplimiento de la normativa ambiental más como una externalidad positiva que negativa, en pos del bienestar de todos. Esto, no sólo de la mano de procesos sancionatorios, que se realizan cuando es debido, sino, con aquellos compromisos que las empresas están asumiendo en armonía con la comunidad y, asimismo, la responsabilidad que les compete a las autoridades comunales al momento de planificar el desarrollo y el orden territorial de sus comunas.

Asimismo, quisiera recalcar que en aquellos casos en que los procedimientos sancionatorios terminan con programas de cumplimiento, se logra un mejor resultado que con una sanción, cuyo dinero va a las arcas fiscales y muy probablemente ni siquiera se invierte en la región. Un buen programa de cumplimiento involucra inversiones que directamente se relacionan con la resolución de los problemas ambientales detectados en la fiscalización y, por tanto, redunda en mejoras para la calidad de vida de las personas y los trabajadores expuestos a los procesos industriales, como también para la población cercana.

Desafíos

A la hora de analizar los desafíos, no es posible soslayar la importancia que tienen los PDA para todas las oficinas – incluida la nuestra – que contemplan bajo su alero la fiscalización de los Planes de Descontaminación Ambiental. Estos instrumentos de gestión ambiental son un desafío año a año, no sólo para la SMA, sino para los servicios que están involucrados en su ejecución. Las medidas implementadas en ellos constituyen un cambio cultural, requieren de un esfuerzo de información y difusión, y más incentivos al cumplimiento. En la Región de O´Higgins, estamos en una etapa en que hay que ir evaluando cómo se están fiscalizando estos instrumentos, los factores climatológicos que inciden en su cumplimiento, los aprendizajes que la ciudadanía ha capitalizado y la importancia que los PDA conllevan para la protección del medio ambiente, la salud de las personas y en definitiva el bien común. Ha habido un progreso positivo sin duda, pero también es necesario evaluar dichos Planes de Descontaminación, evaluar técnicamente los datos que ellos generan y la información consolidada producida.
A futuro, habrá que ir perfeccionando los PDA, cómo se construyen y cómo se fiscalizan las medidas en ellos establecidas.

En segundo lugar, este 2018 tenemos el desafío de la firma de un Acuerdo de Producción Limpia con la Industria Panificadora de la Región de O´Higgins y los panaderos, afectos al PDA. Este permitirá concretar el recambio tecnológico de los hornos de leña a gas o por un tipo de combustión más limpio. Este ha sido conducido por la Seremi de Economía con la Agencia de sustentabilidad de cambio climático, y sin duda nos permitirá como región un cambio en la cultura empresarial, lo cual luego tendremos que fiscalizar.

Finalmente, a modo de cierre de esta reflexión, quisiera destacar que pensando a futuro, es necesario que la institucionalidad genere más puentes para incentivar y promover la educación ambiental tanto en el ámbito escolar como en los institutos técnicos y en las universidades. A nivel de los niños, importa mucho informar y educar, ya que ellos son los forjadores del mañana y ya vemos que van incorporando hábitos como el reciclaje, algo que muchos no tuvimos en nuestras escuelas. En cuanto a la educación superior, creo que hay una gran brecha que acercar, enseñando a los técnicos y profesionales sobre la normativa ambiental, pues los estudiantes de hoy serán los los encargados ambientales de agrícolas o de mineras en unos años, y ellos tienen que tener la información clave para incentivar al cumplimiento de sus empresas. Ellos serán quienes asumirán responsabilidades y deben entender cabalmente cómo funciona la institucionalidad ambiental, ya que las nuevas generaciones van a tener más regulaciones que cumplir por lo que es esperable que esta enseñanza se imparta adecuadamente y a todo nivel educativo.