Los ruidos molestos de fuentes fijas, regulados por el D.S. 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, se han transformado en la mayor fuente de denuncias ante la SMA. En los últimos tres años, esta temática está significando alrededor del 50% de las 1.500 denuncias que año a año interponen ciudadanos ante esta institución.

Sin duda que es un número altísimo y presenta dificultades especiales en la fiscalización, especialmente por la gran cantidad de casos asociados a quejas respecto de locales nocturnos de entretención (pubs, discoteques, centros de eventos) en distintas zonas del país. Dentro del protocolo para fiscalizar la presión sonora, en estos casos siempre debe coordinarse el fiscalizador con el denunciante, ya que según el mencionado decreto, las mediciones deben hacerse desde el lugar que es impactado por los ruidos. Esto, en general, debe ser a altas horas de la madrugada y se deben aislar ruidos como ladridos de perro o el tráfico vehicular (ruidos de ambulancias, autos con escape modificado, entre otros), dificultando aún más las mediciones que deben realizarse por el lapso mínimo de un minuto en nueve ocasiones al interior de una casa, por ejemplo, y en tres ocasiones en el exterior del recinto.

Para abordar este tema, la Superintendencia ha ido estableciendo convenios con varias municipalidades de distintas partes de Chile, debido a la mayor capacidad de despliegue y al conocimiento de éstas sobre su territorio. Hasta ahora, se han firmado convenios con los alcaldes de Sierra Gorda, Machalí, Providencia, Chillán, Concepción, Punta Arenas y Puerto Natales. Próximamente se firmarán otros con nuevos municipios con los que estamos trabajando.

Dichos convenios buscan que los municipios co-ayuden en la realización de actividades de fiscalización del D.S.38, complementando el rol fiscalizador de materias reguladas específicamente por sus ordenanzas municipales. A su vez, ellas reconocen el rol técnico de la SMA en cuanto a procedimientos de medición, fiscalización y documentación para el desarrollo de actividades. Asimismo, la SMA se ha comprometido a realizar capacitaciones especializadas en la norma de ruidos.

Talleres para inspectores municipales

Para cumplir con los objetivos de dichos convenios, la SMA realiza permanentemente talleres que permiten explicar el alcance de la norma de emisión de ruidos, las metodologías aplicables, el uso del equipo especializado (sonómetro debidamente calibrado), ejemplos de zonificación, entre otros.

Felipe Loaiza, ingeniero acústico de la División de Fiscalización, ha participado en los más de seis talleres que se han dictado durante el primer semestre del año en distintas regiones del país. Estos se dividen en talleres a municipios y a organismos sectoriales con competencia ambiental, como por ejemplo las Seremis de Salud en distintas regiones.

“La mayor parte de los talleres comienza con una explicación sobre qué ruidos se pueden denunciar ante la SMA y cómo rellenar debidamente el formulario. Se explica, en primer lugar, que la identificación del denunciante debe estar completa y con un teléfono de contacto, ya que es la única vía de coordinar la fiscalización desde su domicilio”, explica Loaiza.

En ese sentido, el ingeniero destaca que uno de los puntos importantes de la capacitación es explicar bien el artículo N° 5 del D.S. 38 de 2011, que regula las fuentes a las que no aplica la normativa. Entre ellas están los ruidos del tránsito aéreo, los que se producen al interior de los hogares, los ladridos de mascotas, los sistemas de alarma y emergencia, las ferias o actos en la vía pública, entre otros.

En ese sentido, se está trabajando con los municipios en convenio para que puedan dictar “ordenanzas municipales” que regulen los ruidos, en el caso de no tenerlos. Con este tipo de normativa se pueden regular, entre otros, los ruidos que se relacionan con el comportamiento de personas en distintos espacios y que producen malestar en algunos vecinos. Por ejemplo, la Municipalidad de Providencia, tiene la ordenanza 22 de 2004. En ella se establece que queda prohibido “después de las 23 horas, en las vías públicas, las conversaciones en voz alta sostenidas por personas estacionadas frente a casas de habitación, las canciones, la música y la algarabía general, ya sea que los ejecutantes vayan a pie o en vehículo”. Esta ordenanza busca regular ruidos conductuales, y que son comúnmente denunciados por vecinos de locales como pubs o discoteques, donde el problema es el ruido que produce la gente que se queda en sus alrededores una vez cerrado el recinto de entretención.

“Cada comuna debe dictar una ordenanza de acuerdo a su realidad y sus problemas particulares. En Punta Arenas, por ejemplo, hay un tema con las carreras de autos tuneados o de escape modificado. Esto no sucede en Sierra Gorda, donde hay otras dificultades”, explica Loaiza.

Los talleres realizados por la SMA también abordan el correcto uso del sonómetro como instrumento para medir los ruidos molestos. En ellos se les explica a los participantes los conceptos básicos de ruido, el procedimiento de la medición, la homologación de los sectores de la comuna —ya que la norma establece zonas y umbrales para los decibeles permitidos, según área del plano regulador en áreas urbanas y otras medidas en zonas rurales—. Estos equipos deben ir siendo adquiridos por las municipalidades que tienen convenio con la SMA si desean efectuar actividades de fiscalización en terreno.

El Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, destaca la firma de estos convenios y la realización de talleres. “Para la SMA gestionar la gran cantidad de denuncias de ruidos es bastante complejo, ya que se requiere un alto número de fiscalizadores para realizar las actividades en distintas zonas del país. En segundo lugar, nuestro proceso sancionatorio tiene multas altísimas, pensadas en incumplimientos de grandes empresas, con un sistema pesado con muchos pasos. Si pudiéramos alentar a las municipalidades a regular ruidos con sus ordenanzas, todas las dificultades que se tienen con actividades de menor tamaño quedarían reguladas por esa vía, dejando a los grandes proyectos con Resolución de Calificación Ambiental bajo la fiscalización y eventual sanción de la Superintendencia. Esto claramente ayudaría a mejorar el cumplimiento de la normativa”, sostuvo.