El Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, asumió la Presidencia pro Tempore para el período 2021 por unanimidad de los miembros de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental -REDLAFICA-, conforme a la reunión anual sostenida por el Diálogo Regional de Políticas sobre Licenciamiento y Fiscalización Ambiental en América Latina y El Caribe, y liderada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Cabe destacar que las agencias de fiscalización ambiental de los países integrantes de la red destacaron el trabajo realizado por OEFA durante el presente año y dieron la bienvenida a la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile, como presidencia pro tempore de la Red para el periodo 2021.
Para Cristóbal De la Maza, asumir esta responsabilidad “sólo obedece al trabajo y compromiso que hemos impulsado desde la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, en priorizar los temas ambientales a través de un esfuerzo multisectorial que nos acerque cada día más a la justicia ambiental que como países necesitamos. Desde la SMA Chile, hemos intensificado el apego a la normativa, impulsado la elaboración de una estrategia de Inteligencia Ambiental y creado lazos cercanos con las Comunidades, quiénes muchas veces son las más afectadas en temas medioambientales”.
Cristóbal de La Maza Guzmán, es Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero MS PhD Carnegie Mellon y está a la cabeza de esta Institución Ambiental luego de ser nombrado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
En su labor, tiene la responsabilidad -a nivel nacional- de organizar y coordinar la fiscalización del cumplimiento de los instrumentos de carácter ambiental, que establece la Ley Orgánica de la SMA.
Por último, es importante señalar que REDLAFICA es una organización integrada por instituciones públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental en los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, que surge con el objetivo de mejorar la fiscalización y el cumplimiento ambiental de toda la región de Latinoamérica.